EXPOSICION

Srta. Diana Pena Carrasco

Encargada SENAMI Chile

El ingreso de ecuatorianos a Chile se ha dado al amparo de la profusa relación bilateral existente entre ambos Estados, en múltiples ámbitos. Producto de la misma se han suscrito instrumentos jurídicos bilaterales que facilitan la entrada, permanencia y el empleo de los ecuatorianos en territorio chileno.

El primero de ellos es el Convenio sobre el Libre Tránsito de Personas, Equipajes y Vehículos con Fines Turísticos de 1985, y su modificación de 1997, que permite el ingreso de ecuatorianos a Chile con la sola presentación del documento de identidad nacional o de su pasaporte vigentes, en calidad de turistas y por un período de hasta 90 días. El segundo de ellos es el Convenio para el Mutuo Reconocimiento de Exámenes y Títulos Profesionales de 1917, y su revisión de 1988, que faculta el reconocimiento de los exámenes o títulos adquiridos en el país de origen y el libre ejercicio profesional en el país de destino suscriptor del tratado. A estos acuerdos se suma además el Convenio Andrés Bello que facilita la movilidad estudiantil y la equivalencia de notas entre los países parte del acuerdo. Estos instrumentos jurídicos se ven complementados, a su vez, por una legislación de extranjería flexible, que admite el cambio

El tratamiento del hecho migratorio en el Ecuador:

El Estado ecuatoriano ha prestado una atención creciente a la gobernabilidad migratoria, en particular desde finales del siglo XX, cuando la profunda crisis del sistema financiero nacional impulsó a miles de ecuatorianos a abandonar su territorio en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Antes de 1999 las directrices en materia migratoria estaban dadas por la Ley de Migración y la Ley de Extranjería de 1971, que se promulgaron en el contexto de la Doctrina de Seguridad Nacional y que tenían como énfasis el control del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio ecuatoriano. A partir de 1999, las bases de una institucionalidad especializada se centraron en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con un enfoque de “ciudadanización” del ecuatoriano en el exterior. Se fortaleció la gestión de consulados considerados estratégicos; se crearon la Dirección de Apoyo a los Ecuatorianos en el Exterior y más adelante la Subsecretaría de Asuntos Migratorios y Consulares; se plasmaron los primeros esfuerzos por establecer una política nacional en materia migratoria, a través de un debate nacional para comprender el hecho migratorio en sus distintas dimensiones; y, se realizó una amplia consulta con la cooperación de la OIM para delinear los elementos básicos de lo que sería un plan nacional de ecuatorianos en el exterior (Cuadernos de Movilidad Humana: 2010); complementariamente se diseñaron e implementaron más adelante medidas para favorecer el apoyo y la vinculación activa de los connacionales en el extranjero, como el Fondo de Ayuda, Ahorro e Inversión para los Migrantes o el ejercicio del derecho al voto para los residentes en el exterior.

En el 2007 la gobernabilidad migratoria dio un salto cualitativo en el Ecuador con la creación de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), que asumió todas las competencias para el diseño de política migratoria, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La SENAMI es la primera Secretaría Nacional en América Latina con responsabilidad exclusiva en temas migratorios y producto de su gestión se han plasmado una serie de avances legales y políticos, como la creación del único Plan de Desarrollo Humano para las Migraciones en América Latina (Cuadernos de Movilidad Humana: 2010).

Asimismo, la Asamblea Constituyente, instalada con la aprobación de una parte mayoritaria del pueblo ecuatoriano en el 2007, redactó una nueva constitución en el transcurso de ese año (aprobada en 2008), que recogió el principio de la Libre Movilidad Humana y que reconoció una serie de derechos para los ecuatorianos en el exterior; a la par, el Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Capítulo Política Exterior y en el Plan Nacional Para el Buen Vivir (2009-2013) ha constituido a través de objetivos estratégicos una amplia base para la formulación de políticas específicas tendientes a brindar un apoyo integral al migrante sobre la base de un enfoque de derechos.

La actual Constitución ecuatoriana es una de las más avanzadas a nivel mundial en materia de Movilidad Humana. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, en su afán por sistematizar la situación actual y el enfoque de los principales temas de la agenda de política exterior, ha elaborado el Cuaderno de Movilidad Humana 2010, que en lo relacionado con el tratamiento de la migración en la Constitución destaca lo siguiente: 1) la inclusión del principio de la movilidad humana de manera transversal, desde una perspectiva integral de derechos y que aborda la emigración y la inmigración, el refugio/asilo, el desplazamiento interno, la trata y el trafico de personas; 2) el reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana a los nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriana y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad, y a los nacidos en el exterior de padre o madre naturalizada ecuatoriana; 3) el reconocimiento del principio de igualdad de todas las personas sin discriminación y del derecho a migrar; 4) la inexistencia de seres humanos ilegales por su condición migratoria; 5) el reconocimiento amplio de derechos políticos para los ecuatorianos en el exterior; y, 6) el reconocimiento de una amplia gama de derechos conexos, sociales y de participación fundamentalmente.  

Por su parte y de acuerdo con la actual Ministra Secretaria Nacional del Migrante, el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones fue puesto en marcha bajo una óptica humanista y pretende ofrecer respuestas efectivas a las necesidades y capacidades de las personas migrantes y sus familiares. El Plan establece mecanismos de coordinación entre diversas políticas públicas con el objeto de dignificar el proceso migratorio y garantizar a toda persona el disfrute de sus derechos y su participación efectiva en la sociedad en la que habite (Cuaderno de Movilidad Humana, 2010).

En esta línea y bajo el liderazgo de la SENAMI, se han formulado programas administrativos y se han desarrollado una serie de acciones, entre las que se destacan las siguientes:

1) La red de “Casas en el Exterior”, cuyo objetivo es la creación de instancias de apoyo integral al emigrante ecuatoriano en aquellos sociedades de destino con altas cifras de connacionales.;

2) El Plan “Bienvenidos a Casa”, que se subdivide en 2 programas: a) por un lado, uno enfocado en la exoneración de aranceles para el ingreso al país del menaje de casa, equipo de trabajo y vehículo de aquellos ecuatorianos que retornan voluntariamente al Ecuador - en el marco del Plan Retorno- y; b) por otro lado, uno que tiene como objeto el apoyo a micro y pequeños emprendedores a través de fondos no reembolsables -Fondo Cucayo- y del Banco del Migrante; y,

3) La campaña “Todos somos Migrantes”, que tiene como fin la promoción intensa a nivel nacional e internacional de la necesidad de abordar la gobernabilidad migratoria desde una perspectiva de derechos.

Algunos resultados de estos programas se sistematizan a continuación:

 Fuente: Cuaderno de Movilidad Humana 2010

A estos programas creados por la SENAMI, se sumó el sufragio de los ciudadanos en el extranjero que mantiene el vínculo de pertenencia y fomenta la ciudadanía más allá de las fronteras nacionales. La consagración de este derecho responde, sin duda, al peso creciente del fenómeno migratorio en la formulación y ejecución de políticas públicas en los Estados, en este caso del Ecuador, así como al desarrollo de la dimensión política del representado en el ámbito de la democracia electoral.